Sorpresivamente, el Gobierno accedió a un pedido de la CGT y frenó el proyecto de Democracia Sindical en el Congreso

Sorpresivamente, el Gobierno le quitó el respaldo al proyecto de Democracia Sindical que se iba a tratar este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados: no sólo los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) no firmarán el dictamen de mayoría sino que tampoco lo harán los del PRO. Sin esos 10 apoyos, el radical Martín Tetaz, titular de esa comisión y principal promotor del proyecto, se quedará sin la mitad más uno de las 31 firmas en ese grupo legislativo, cifra necesaria para que pueda llegar al recinto la iniciativa que propone profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se transmitió anoche, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno (Guillermo Francos y Santiago Caputo) y, a la vez, a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo (Unión por la Patria), líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene conversando entre algunos legisladores para que le quiten su apoyo al proyecto.

La determinación oficial fue anunciada este lunes por la noche por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a los legisladores de LLA y del PRO que integran la Comisión de Legislación del Trabajo: “Viene la marcha universitaria y no queremos sumar malestar”, dijo. En el mismo sentido hubo llamados del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a algunos diputados.

De esta forma, entraría en una zona incierta el destino del “Proyecto de Ley de Democracia Sindical”, una iniciativa de 18 artículos que condensa una veintena de iniciativas sobre el tema y que embiste contra algunos pilares del gremialismo: aunque no toca el sistema de personería, propone eliminar la reelección perpetua de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para “democratizar las obras sociales”.

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