En medio de las conversaciones salariales y en un contexto de crisis, afloraron los movimientos de empleados autoconvocados con pedidos más exigentes.
El contexto de crisis económica, que implica un círculo negativo de escases de recursos, caída del consumo, caída de la recaudación y por lo tanto menos recursos para las provincias y municipios, facilitó el resurgimiento de los movimientos de trabajadores autoconvocados que toman distancia de los sindicatos tradicionales y jaquean su representatividad, con planteos más exigentes a la hora de las recomposiciones salariales.
La tensión se vio en algunos sectores puntuales. Actualmente, el Gobierno mantiene conversaciones con los sindicatos docentes tratando de llegar a un acuerdo paritario, con un escenario que hace difícil imaginar un acercamiento en el corto plazo: el Gobierno ofrece un mínimo de $850.000, con un ajuste por inflación bimestral, lo que implicaría que el salario de marzo a cobrar en abril podría liquidarse con un 5,8% de incremento (2,9% del IPC de enero y febrero). Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta y algunos como UDA piden una suba del 40%. Esto, sin embargo, está todavía muy lejos de lo planteado por los docentes autoconvocados, que exigen un mínimo de $1.300.000. Para las autoridades del Ejecutivo, esto implicaría un incremento del 132%, que resulta “financiera y presupuestariamente inviable”.