Se trata de las firmas estatales PRODUCAT, Catamarca Radio y Televisión y Catamarca Transporte S.A.U.
Una vez más, el Estado provincial debe inyectar recursos millonarios para mantener a flote a sus empresas públicas. Según los decretos publicados en el último Boletín Oficial, tres sociedades del Estado -Producat SAPEM, Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado, y Catamarca Transporte S.A.U.- recibieron aportes de la Provincia que en total suman $1.903.013.486,58, dinero que en todos los casos figura como “aporte irrevocable a cuenta de futuro incremento de capital”. Todos los aportes se concretaron con decretos del Poder Ejecutivo provincial.La cifra más abultada corresponde a Producat, que recibió $1.480 millones destinados exclusivamente al pago de salarios de octubre, noviembre y diciembre, además del aguinaldo del cuarto trimestre. La empresa, que fabrica desde muebles de melamina hasta aberturas de aluminio, ya había recibido asistencias similares en ocasiones anteriores y esta no es la primera vez que el gobierno debe asistirla financieramente para el pago de sueldos.
La otra empresa que recibió un salvataje del Gobierno, es Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado, que opera el Canal 7 y la radio oficial de la provincia. En este sentido, la firma recibirá $263.013.486,58. El decreto especifica que estos fondos servirán para afrontar sueldos, “obligaciones de carácter urgente” y gastos corrientes del medio público. Al igual que Producat, desde su creación en 2013, la empresa que gestiona los medios públicos provinciales siempre necesitó de partidas del Gobierno para poder funcionar con normalidad. Este año, quedó en el centro de la polémica por demoras en los pagos de sueldos que provocó que los empleados realizaran medidas de fuerza.
Por último, la flamante empresa estatal de transporte, Catamarca Transporte S.A.U., recibirá $160 millones para “gastos de funcionamiento del ente”. Creada este mismo año mediante decreto, la empresa estatal fue diseñada para unificar el servicio de transporte público y optimizar recursos, aunque apenas meses después de su puesta en marcha ya requiere asistencia financiera directa del Estado.