En el juzgado de Sebastián Casanello avanza la causa en la que se investiga a tres grupos de personas, pertenecientes a organizaciones de la izquierda (Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha), por presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales a cambio de dinero o asistencia a las marchas. En tanto que en otro despacho de Comodoro Py comenzó a correr una denuncia de características similares, también hecha por el Gobierno, pero en la que los implicados son miembros de sindicatos.
Las denuncias contra los gremios también fueron recopiladas a través de la línea 134, especialmente en las jornadas previas y durante el último paro general del 9 de mayo. Según el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, solamente ese día ingresaron 3865 reclamos vinculados a presiones para parar o amenazas recibidas por trabajadores y empresas, por parte de los sindicatos. De acuerdo a información a la que accedió LA NACION, son cerca de 6500 llamados procesados los que luego se remitieron a Comodoro Py para su análisis e investigación, que recayeron en el juzgado de Ariel Lijo (donde tramita otra parecida contra piqueteros). Todavía no fue delegada a la fiscalía, que será la de Ramiro González.
A diferencia de los llamados relativos a los movimientos sociales, que operaban como “unidades de gestión” o intermediarios del Potenciar Trabajo, y tenían el poder de quitárselos a los recipientes del plan (por lo que se investigan extorsiones), en los casos relativos a los sindicatos los denunciantes aducen, en general, amenazas físicas, amedrentamientos o bloqueos para no trabajar en los días del paro. En la Justicia deberán identificar cuáles de estos reclamos tienen verosimilitud o suficientes datos como para avanzar en la investigación.