Aportes compulsivos, audios, chats y licitaciones bajo la lupa. El organismo que atiende a jubilados quedó atrapado en una disputa por el control territorial dentro del gobierno libertario.
Un millón por mes o quedate afuera. Telegram, para que los chats desaparezcan. Aportes del 10, del 15 o hasta del 25% del sueldo. En sobres, no por transferencia. La lista de denuncias que sacude al PAMI bajo el gobierno de Javier Milei parece sacada de un manual de la vieja política. Pero hay un detalle que complica al oficialismo: esta vez, los nombres involucrados son propios. Funcionarios libertarios, operadores de Karina Milei y empleados públicos reclutados por el nuevo poder son parte de una trama que mezcla extorsión, financiamiento partidario, estructuras paralelas y una auditoría interna que avanza con el impulso del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.
El escándalo estalló tras un comunicado oficial firmado el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo —director y subdirector ejecutivo del PAMI— que anunciaba una auditoría interna en todas las delegaciones del país. El texto, respaldado por el ministro de Salud, Mario Lugones —hombre de extrema confianza de Caputo—, denunció “uso indebido de recursos públicos”, contrataciones irregulares y delegaciones convertidas en “cajas negras al servicio de la política”. Fue el puntapié de una operación política más amplia: intervenir el tejido territorial del Estado que Karina Milei y el clan Menem montaron desde diciembre de 2023, en especial sobre los organismos sociales del interior