En las últimas semanas han comenzado a percibirse las primeras señales de retracción en distintos niveles de la actividad económica del país y sus consecuencias, como ceses de contratos de empleados, suspensiones y despidos, en el peor de los casos. De punta a punta del país, el fantasma de la desocupación dejó de serlo para convertirse en una realidad. En Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego se produjeron desafectaciones de trabajadores que van desde la industria textil hasta la fabricación de electrodomésticos, pasando por el calzado y obras públicas. Desempleo que se alimenta por goteo y sobre el que las políticas oficiales hacen omisión.
A 98 kilómetros hacia el sur de San Miguel de Tucumán se encuentra la ciudad de Aguilares, cuyo nombre se hizo conocido en las últimas semanas porque allí viven los diputados nacionales peronistas Agustín Fernández y Elia Fernández, dos miembros del bloque Independencia, junto a su comprovinciana Gladys Medina, que apadrina el gobernador Osvaldo Jaldo y que se constituyó en medio del fragor del debate por la ley ómnibus. Los tres se escindieron del bloque Unión por la Patria (UxP) y apoyaron en general la iniciativa de la Casa Rosada.}
Una número uno que cierra
En este municipio se encuentra la fábrica de calzado e indumentaria deportiva Topper, exAlpargatas, que se radicó hace 52 años por impulso de la dictadura militar que encabezó Juan Carlos Onganía para paliar la devastación que se produjo en Tucumán por el cierre de once ingenios azucareros, que supuso la migración interna de 200.000 tucumanos hacia Buenos Aires, sobre todo. Con amplios beneficios impositivos, igual a cero, Alpargatas montó su fábrica. Con el devenir del zigzagueante rumbo de la economía argentina, la firma tuvo altibajos, hasta que en 2018 fue adquirida por el empresario brasileño Carlos Wizard Martins. Desde el año siguiente, la exAlpargatas dejó de lado el rubro textil para mutar a una producción 100% de Topper.
Entre 2015 y 2019, la exempresa textil atravesó una grave crisis por la caída de las ventas. Los 1.200 empleados que tenía se redujeron a 500 cuando la adquirió el empresario de Brasil. “El desempleo afectó a Aguilares, Santa Ana y Juan Bautista Alberdi, entre otras ciudades. Fue penoso ver a compañeros de años a los que, de un día para otro, no los dejaron entrar nunca más a la planta”, recuerda Antonio, exdelegado gremial de su sección, en diálogo con elDiarioAR. Paradójicamente, por estar exceptuada del aislamiento durante la pandemia –al ser una fábrica– la ahora Topper se recuperó, incorporó máquinas y sumó empleados, hasta llegar a los casi 1.100, de la mano del incremento de las ventas en el mercado interno argentino. Según un vocero de la firma, hubo una inversión de 500 millones de dólares. Y de acuerdo a la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Topper es la marca número uno en calzado deportivo por venta en volumen de unidades y cerró 2023 con 33 millones de pares comercializados.
Entre diciembre y enero aparecieron las señales de alarma. El comercio del calzado se desplomó y cayó entre un 35% y 40%, señaló Horacio Moschetto, presidente de la CIC. Casi de inmediato repercutió en la planta tucumana porque entre la noche de este martes 27 y el día siguiente, 85 empleados jóvenes –tanto hombres, como mujeres– fueron notificados del cese de sus contratos de un año debido a la crisis del sector. Antes, el CEO de la firma se reunió con los dirigentes del gremio, a quienes les comunicó que se adoptaba la decisión como último recurso. “Fue dolorosa la medida porque aun estando prevista en los contratos, se esperaba que la planta siga creciendo y esos chicos pasen a la planta permanente, como lo establece la ley. Pero llegó este Gobierno nacional y se cayeron las ventas”, sostuvo a elDiarioAR Jorge Fugaracho, delegado de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).