El oficialismo rechazó el pedido de la oposición para citar al recinto a la ministra de Trabajo, Verónica Soria.
La cuarta sesión de la Cámara baja en la Legislatura comenzó con un marcado rumbo conflictivo desde el inicio, cuando el bloque oficialista del Frente de Todos se negó a tratar sobre tablas la citación a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, para que brinde explicaciones sobre las asambleas docentes, demoras en altas y pagos de haberes adeudados, solicitada por la bancada radical.
“Una vez más, el oficialismo rechazó la citación. La educación pública y los derechos laborales no pueden seguir esperando, la falta de respuestas solo profundiza el malestar de miles de docentes que sostienen el sistema con esfuerzo y compromiso”, sostuvieron desde el bloque de la UCR.
Derogación
El punto álgido de la jornada llegó con la discusión en torno a tres proyectos de declaración de rechazo al polémico Decreto 884/2025, sancionado por los Ministerios de Educación y de Trabajo y que fue recientemente derogado. Tras un cuarto intermedio, finalmente se aprobó la resolución impulsada por los bloques Frente de Todos y Vicente Saadi, solicitando la inmediata derogación del mencionado decreto, argumentando su “impacto negativo sobre la estabilidad docente y la falta de participación en su elaboración”, instando a la convocatoria de una mesa de diálogo multisectorial.
Desde la bancada oficialista, el diputado Gustavo Aguirre, presidente del bloque del Frente de Todos, defendió la postura de su partido y destacó el rol del gobernador Raúl Jalil. “Los que estamos aquí creemos en una educación pública de mejor calidad y para todos “, afirmó Aguirre, asegurando que desde el Frente de Todos “hemos hecho también nuestro aporte en este debate y en este conflicto, manifestando sus preocupaciones a través de los canales institucionales”.
El legislador recalcó la comunicación constante con las autoridades provinciales y el propio gobernador, catalogando como un acto de “sensatez y humildad” de Jalil al derogar un decreto que él mismo había firmado diez días antes. “No me imagino a un presidente, o al presidente actual tomando una decisión así, revirtiendo un decreto que él haya terminado”.
Por su parte, su compañera de bancada, la diputada Adriana Díaz, intentó matizar la discusión, señalando que la derogación del decreto es solo una parte del problema y que la crisis educativa tiene raíces más profundas, como la Ley Federal de Educación de los años 90, a la que atribuyó el “desmantelamiento de un sistema educativo preexistente y la generación de precariedad laboral docente”. Finalmente, el diputado Juan Carlos Ledesma, si bien felicitó a los docentes por la marcha pacífica, acusó a legisladores de la oposición de buscar “rédito político” y recordó que el Decreto 884/25 es una “copia fiel del decreto 333/95, plena gestión del gobernador Oscar Castillo”, sugiriendo que la “memoria de corto plazo afecta a algunos legisladores”.
Cuestionamientos
Sin embargo, la oposición denunció que el oficialismo se negó a discutir la crisis educativa de manera integral.
En ese sentido, el bloque de la UCR insistió en tratar un proyecto impulsado de forma conjunta por todos los bloques de la oposición. “Este proyecto no se esconde detrás de intereses ni banderas partidarias, sino que busca la urgencia de escuchar y dar respuestas, pero lamentablemente el oficialismo simplemente se circunscribió a felicitar al gobernador Raúl Jalil por una supuesta actitud altruista al derogar el Decreto 884/25 y volvió a darle la espalda a la comunidad educativa de Catamarca al negarse a tratar los problemas más profundos que acarrea la educación pública en la provincia” aseguraron.
La iniciativa propuesta por el bloque de la UCR, con los aportes del Frente Amplio Catamarqueño y la Libertad Avanza, buscaba convocar a los docentes no agremiados, denominados “autoconvocados”, a la Comisión de Educación para sumarlos al debate de las políticas educativas.
También incluía el repudio a toda medida que, en nombre de la Ley de Emergencia Económica, implique pérdida de derechos laborales, deterioro en la calidad de la enseñanza o retrocesos en aspectos esenciales como la asistencia alimentaria, el mantenimiento edilicio o los insumos básicos para enseñar y aprender.
Además, pidieron que se restituyan los puestos docentes perdidos, “tal como lo establece la propia ley que el Ejecutivo utiliza para justificar los recortes, pero que en su letra prohíbe afectar fuentes laborales”. Seguidamente, reiteraron su solicitud de citar a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, y al ministro de Educación, Nicolás Rosales, con la participación de referentes del colectivo de docentes autoconvocados.
En sintonía, la diputada Ana Lía Aguaisol (La Libertad Avanza) fue contundente al señalar que “vinieron a destruir la educación catamarqueña por decreto y lo hicieron a espalda del pueblo y de los docentes”, resaltando la histórica marcha docente del sábado pasado como un grito de “basta de abandono” contra el gobierno de Raúl Jalil.