En su proyecto de presupuesto para el 2025 que envió al Congreso de la Nación, el gobierno nacional de Javier Milei estableció un total de 1.760 billones de pesos para los gastos de todo el Poder Judicial de la Nación para el año que viene. Se trata de un 32 por ciento menos de los 2.593 billones que habían pedido desde la Justicia.
En el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano a cargo de la administración de los recursos del Poder Judicial, el recorte no sorprendió y lo preveían. “Por las charlas que habíamos tenido con el Poder Ejecutivo sabíamos que no nos iban a dar lo que pedíamos pero la buena noticia es que pensamos que el hacha iba a ser mayor”, coincidieron en señalar dos fuentes consultadas por Infobae. El techo presupuestario que había adelantado el Ministerio de Economía era de 1.100 billones de pesos y lo que envío en el proyecto fue de 1,760 billones.
En ese contexto -y todavía sin que la discusión haya comenzado en el Congreso- en tribunales saben que con ese presupuesto el año que viene van a tener que recorrer el mismo camino que en 2023 y que este año: pedirle partidas extras al Gobierno para poner afrontar todos sus gastos mensuales, principalmente el pago de sueldos.
El presupuesto del Poder Judicial se divide en dos. El del Consejo de la Magistraturay el de laCorte Suprema de Justicia de la Nación. El primero se encarga de la administración de los tribunales nacionales y federales de todo el país y la Corte Suprema de sus propios fondos.
A principio de mes, los dos organismos le enviaron al Ministerio de Economía de la Nación sus pedidos de presupuesto. El Consejo estableció sus gastos en 2.219 billones de pesos y aprobó su anteproyecto con el apoyo de todos los sectores políticos excepto los representantes del kirchnerismo -que objetaron la falta de fondos específicos para la Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena, en Santa Cruz- y de Sebastián Amerio, el representante del gobierno en el cuerpo. Amerio había señalado que el monto excedía las previsiones del Poder Ejecutivo. Y la Corte solicitó 374.618.102.145 de pesos para sus gastos en 2025. Así, el Poder Judicial reclamaba un presupuesto de 2.593 billones de pesos.