El juicio es extenso, lleva ya más de 9 años, y es adverso para la Argentina en las instancias importantes. Pero continúa: la expropiación de YPF, que se hizo en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, ya le costó a la Argentina una sentencia en contra, en primera instancia, por más de USD 16.000 millones.
Y en medio de presentaciones técnicas y contestaciones de requerimientos judiciales entre las partes, por estas horas se definirán dos temas de impacto.
- En la apelación del fallo condenatorio de la jueza Loretta Preska –que se tramita en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York– se definirá la situación de la petrolera. Burford es un bufete de abogados inglés que compra litigios de este tipo y los lleva adelante y sostiene por largos períodos con el objetivo de obtener grandes ganancias. Es el principal beneficiario de la sentencia de Preska y ahora pretende que la petrolera vuelva a estar involucrada en la causa, algo que la jueza había descartado hace un año cuando sólo condenó al Estado local. Burford pretende con esta acción traer al escenario de la causa otra vez a la empresa y tener un elemento más para presionar y cobrar. Hace ocho años, este bufete pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas que habían iniciado dos accionistas minoritarios de la petrolera que aseguraron haber sido perjudicados por el Estado en medio del proceso de expropiación. Luego, vendió una parte de esa demanda por más de USD 230 millones y ahora, como principal beneficiario, pretende negociar –por ahora sin éxito– para cobrar “algo” del fallo de Preska.
- Además, la jueza deberá definir en estos días qué hace con el pedido de Burford de quedarse con las acciones por las que Argentina es dueña del 51% del capital accionario de la petrolera de bandera.
Con respecto al primer punto, habrá novedades mañana, cuando Burford responderá a la petrolera que intenta defender los intentos de volver a incorporarla en el juicio.