Denuncias cruzadas y tres fiscales
La causa Wika contra Costilla pasó por varios momentos turbulentos desde que la presentó Guillou en febrero. Luego de que el Tribunal consideró procedente la denuncia, el entonces fiscal del jury, Augusto Barros, decidió acusar formalmente a Costilla por mal desempeño e incumplimiento reiterado de sus deberes. Sin embargo, en agosto, cuando ya estaba fijada la fecha para la audiencia, denunció penalmente a Barros por el “escándalo de los mails”.
Costilla afirmó que Barros intercambió mail con uno de los secretarios de la Corte de Justicia, Arturo Herrera Basualdo, con preguntas para testigos de cargo en el Jury, lo que a su criterio compromete la transparencia del proceso. Ante la polémica, el Tribunal suspendió la audiencia, apartó a Barros del caso y anuló toda su acusación.
Por ley de subrogancia, fue designado en su lugar Alejandro Dalla Lasta Baroni, pero éste se inhibió de intervenir antes de siquiera comenzar. El tercer fiscal designado, Guillermo Narváez, también intentó apartarse del caso argumentando una amistad con el fiscal denunciado, pero el Tribunal rechazó su pedido y lo obligó a continuar.
Narváez revisó todo el expediente y llegó a una conclusión opuesta a la de Barros: consideró que no correspondía acusar a Costilla. En un extenso dictamen, argumentó que las decisiones cuestionadas del fiscal habían sido convalidadas por instancias superiores.
Luego de que trascendiera que el Tribunal de Enjuiciamiento podría archivar el jury contra el fiscal por la falta de acusación, Guillou presentó un escrito solicitando que revea su decisión. En su presentación, el empresario apuntó contra Narváez, acusándolo de anteponer su amistad personal con Costilla por encima de sus obligaciones legales.
Luego de trascribir parte de los argumentos de Narváez para apartarse del proceso, Guillou consideró que estas manifestaciones “constituyen en sí mismas una confesión de parcialidad y explican por qué más tarde decidió excusar, pese a la obligación legal y a la decisión del jurado”. En este sentido, agregó: “No se trata de frases inofensivas, son expresiones que muestran, con crudeza, que Narváez colocó sus vínculos personales, familiares y hasta su ideario espiritual por encima de la ley”.
“No puedo dejar de señalar que tal decisión, de concretarse, resultaría absolutamente inválida, por cuanto importa desconocer la ley, la omisión deliberada de un funcionario sobre resoluciones firmes de este Tribunal y sobre mandatos previos de la ley”, sostuvo. A pesar del planteo de Guillou, al no haber acusación al Tribunal no le quedó otra que archivar el expediente.