El costo mensual mínimo es de $1.8 millones. El Programa de Apoyo a los liberados ocupa una fracción de ese monto.
Mantener a una persona privada de su libertad le costaría al Estado provincial, como mínimo, $1.863.049 por mes. El dato surge de una comparación de costos elaborada por la Dirección Provincial de Reintegración Social, que pertenece a la Secretaría de Justicia y Participación Ciudadana, y la cifra aún no fue confirmada oficialmente.
Sostener a esa misma persona que cumplió con la condena dentro del Programa de Apoyo Integral a Personas Liberadas (PAIPL), representa una erogación sensiblemente menor. El programa prevé una remuneración mensual condicionada a 26 horas semanales de entrenamiento laboral territorial, pensado como puente al empleo y no como subsidio permanente.